Condicionar al periodismo es condicionar la democracia

"El periodismo es libre, o es una farsa, sin términos medios”, Rodolfo Walsh

Es 7 de junio, Día del Periodista. Pero, difícilmente, los periodistas escriban hoy columnas de festejos. Las noticias de los últimos días son poco optimistas. No me refiero ni a la inflación ni a los secuestros. Esta vez, otra vez, una más de tantas, la actividad periodística está en el eje del debate social. Lo que comenzó como uno de los proyectos más revolucionarios de los últimos años, de toda justicia social - el pago de juicio a jubilados y la normalización de las liquidaciones de haberes - trajo de la mano un polémico blanqueo de capitales. Pero eso no fue todo, hubo más. La pregunta brota sin necesidad de forzarla: ¿Qué tienen en común las jubilaciones, el blanqueo y el periodismo? Información, que es poder.

A decir verdad, ningún gobierno de tinte “populista”, “progresista” o “de izquierda” tuvo siquiera la intención de regularizar la situación de los jubilados que no cobraban sus haberes como correspondía. Muy por el contrario, en los últimos años, el poder ejecutivo prefería vetar la ley del 82% móvil. Sin embargo, un gobierno considerado - por algunos, no necesariamente por quien suscribe - de “ceócratras y “de derecha” fue revolucionario con un anucio para los jubilados; para decirlo claro y preciso: pagarles las jubilaciones que les corresponden. El financiamiento para lograr este cometido provendría de un blanqueo de capitales. Y es, justamente, en el marco del proyecto Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en donde se dan los problemas. El artículo 85 del mencionado proyecto de ley sugiere:

“los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.

Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.

Este pasaje de la ley es, quizás, el más polémico de todo el proyecto. Y ya se alzaron voces para marcar el peligro que supone para la libertada de expresión, como así también su probable inconstitucionalidad.

Según consigna el Dr. Martín Becerra en su sitio web, las propuesta “es preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión y en particular de la garantía constitucional de la libertad de prensa, dado que prevé la penalización de la divulgación de información que podría afectar el interés público.”

Becerra explica que “la redacción del proyecto es tan descabellada que, por ejemplo, si uno de los sujetos que participen del blanqueo decidiera contar a un periodista que parte de esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita, si el periodista al investigar los hechos los conectara con otras irregularidades, eventualmente de corrupción estatal-privada (es una hipótesis) y si, protegiendo la identidad de su fuente original, lo publicara o difundiera por cualquiera de los medios de comunicación, el periodista cometería un delito penal según el proyecto de ley.” (1)

Organismos que nuclean a periodistas como FOPEA también manifestaron su repudio. En un comunicado, el Foro de Periodistas Argentino “advierte que, tal como está redactado, este artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público”. Y exhorta a los legisladores de las distintas fuerzas políticas a modificar este punto.

Lamentablemente, no es este un hecho aislado ni propio de una fuerza política. Durante la gestión presidencial del matrimonio kirchner, hemos asistido a una batalla - sin precedentes - del aparato de propaganda oficial contra las voces que pensaban distintos; y lo digo de este modo porque no fue solamente contra periodistas y medios. Incluso, desde la propia cadena nacional Cristina Fernández de Kirchener ha tenido comentarios repudiables contra quienes no compartían sus ideología. Así, por ejemplo llamó “amarrete” a un jubilado que quería comprar unos pocos dólares. O cuando su marido cargó contra Clarín con la tristemente célebre frase “¿Qué te pasa Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso?”. Sin olvidaros de la Ley de Medios K, que buena parte de sus artículos fueron declarados inconstitucionales y hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solo por citar algunos ejemplos.

Más allá de los casos particulares, es propicio preguntarse y analizar algunas cuestiones de modo general; insisto, sin reparar en ningún caso puntual para despolitizar el análisis de cualquier ideología partidaria.

¿Qué le ocurre a parte de la clase política Argentina que intenta a destajo condicionar la actividad periodística? Y digo la clase política porque no es un factor excluyente de quienes detentan el poder de la administración del estado, es decir, los gobernantes. ¿Será que acaso siguen creyendo en las teorías de la aguja hipodérmica?

Esto nos conduce, inevitablemente, a una crítica reflexión.

Una sociedad democrática no puede ni debe prescindir de mecanismos que garanticen y propicien el acceso a la información. En el caso particular de la la ley de blanqueo, suena contradictorio, incluso, que esta penalización sea propuesta por un gobierno que alienta - de hecho - políticas públicas de gobierno abierto y acceso a la información. No nos quedemos acá y vayamos más allá de este proyecto de ley.

Los ciudadanos necesitan información para poder decidir sobre aspectos de la vida cotidiana tan sencillos como la ropa antes de salir de su casa de acuerdo a la meteorología o qué camino tomar para regresar a sus hogares. Pero también necesitan información más compleja sobre economía y finanzas, seguridad, políticas de gobierno y otros aspectos que hacen a la construcción de la ideología y, por ende, del voto. Son esos datos los que el estado debe proveer y facilitar su difusión (garantizar el acceso a la información) sin interferir, de ningún modo, en los intereses de una prensa libre.

La noción de república democrática es indivisible de la idea de periodismo. Y por ende, cualquier intento de control, condicionamiento, censura o persecución sobre el segundo de los factores, implicará un atentado - virtual o de hecho- sobre el primero. No es posible concebir una democracia si se persigue, acota o limita la libertad de prensa, entendida como una arista de la libertad de expresión.

Poco importa quién intente hacerlo ni siquiera si fuera para promover fines que podrían ser justos. Ninguna circunstancia debe ni puede oponerse ni limitar el derecho humano inalienable a la libertad de expresión.

Si realmente, la clase de gobierno tiene intenciones de reconstruir la vida republicana y democrática, deberá cuestionarse -sin rodeos- el rol de la prensa, entenderlo, tolerarlo y facilitarlo. Porque de condicionar al periodismo, la Argentina estaría condicionando -una vez más- a la democracia.

Aclaración: Al cierre de esta edición, y para alegría de la actividad periodística, desde el oficialismo se refirieron al polémico artículo. El propio Presidente de la Nación dijo que será objeto de corrección y el Jefe de Gabinete aclaró que se excluirá a los periodistas. En esta línea también se expresó Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, quien afirmó "para que no queden afectados los derechos de los periodistas, adelantamos que vamos a modificar el artículo 85". Por esto, se puede suponer un error de redacción y no una intención deliberada de aplicar mordazas. Sin embargo, bien vale el análisis de la relación democracia y periodismo.

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